Con 105 votos a favor, 16 en contra y una abstención, el Senado de la República aprobó la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, un instrumento que busca guiar las políticas del Gobierno de México para combatir la delincuencia, atender sus causas y consolidar la paz social en el país.
El dictamen, que fue turnado al Ejecutivo federal, establece cuatro ejes rectores: atención a las causas de la violencia, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y coordinación total entre el Gabinete de Seguridad y las entidades federativas.
De acuerdo con el Senado, estos ejes tienen como objetivo disminuir la incidencia delictiva, neutralizar a los generadores de violencia y reforzar la prevención y proximidad social de las policías locales.
La aprobación se dio tras la comparecencia del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ante la Comisión de Seguridad Pública y la Junta de Coordinación Política. Según informó el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, esto cumplió con lo dispuesto en el artículo 76 de la Constitución y los acuerdos del Senado.
El documento aprobado subraya que la estrategia incorpora el uso de tecnologías avanzadas para anticipar conductas delictivas y mejorar la capacidad de reacción del Estado. Además, destaca que no basta con perseguir delitos, sino que es indispensable atender sus causas estructurales mediante políticas de desarrollo, educación y empleo digno, con especial atención a las poblaciones en situación de vulnerabilidad.
Desde la tribuna, la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, sostuvo que el nuevo enfoque promueve modelos de actuación orientados a una paz duradera y requiere la participación activa de autoridades y ciudadanía.
“Las autoridades de los tres órdenes de gobierno y la sociedad son parte fundamental para lograr la paz y armonía del pueblo de México”, afirmó.
La discusión reflejó posturas divididas entre los grupos parlamentarios. Luis Fernando Salazar Fernández, de Morena, señaló que la estrategia “contribuye en la construcción de un México más seguro y en paz” y afirmó que el Legislativo seguirá fortaleciendo el marco legal para consolidar la transformación en seguridad pública.
Desde el PAN, el senador Francisco Javier Ramírez Acuña expresó reservas, calificando el plan como “un rosario de buenas intenciones, pero no de acciones”, aunque justificó el respaldo de su bancada para dotar de herramientas legales a las fuerzas de seguridad. En tono crítico, el senador priista Miguel Ángel Riquelme Solís advirtió que “la violencia ha rebasado la gobernabilidad del Estado mexicano” y lamentó que la estrategia repita errores del pasado, con énfasis en la militarización “sin controles judiciales y sin contrapesos”.
Por su parte, Luis Armando Melgar Bravo, del PVEM, respaldó la propuesta por su carácter “integral, moderno y profundamente transformador” y consideró que “se terminó con la estrategia de abrazos y no balazos” al implementarse un plan articulado en torno a ejes claros y operativos.
El senador Alberto Anaya Gutiérrez, del PT, subrayó que el enfoque debe centrarse en las raíces sociales de la violencia.
“Más que represión, hay que dar salida social a nuestra juventud y a la población”, sostuvo.
En una postura crítica pero abierta, Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano, reconoció que el plan es más técnico y estructurado que versiones anteriores, aunque lamentó que no profundice en temas clave como las desapariciones forzadas o el fortalecimiento de las policías locales.
La Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030 forma parte del esfuerzo del Estado mexicano por consolidar la pacificación iniciada en 2018 y representa una apuesta por un cambio de paradigma: uno que privilegie la atención a las causas de la violencia por encima de la respuesta punitiva. Su implementación será uno de los principales retos del próximo sexenio.
