En el marco del Día Internacional de la Mujer, Amnistía Internacional (AI) emitió un contundente llamado al gobierno mexicano, instando a que la violencia de género sea colocada como una prioridad en la agenda nacional. La organización destacó que este fenómeno sigue siendo uno de los principales obstáculos para lograr la igualdad plena entre hombres y mujeres.
A través de un comunicado, AI se sumó a las protestas que, a nivel nacional, las colectivas feministas protagonizaron para exigir respeto a los derechos humanos de las mujeres y conmemorar esta fecha tan significativa. La organización también enfatizó que las autoridades deben garantizar la seguridad de las mujeres durante las movilizaciones y el pleno respeto de su derecho a manifestarse.
AI hizo hincapié en la necesidad urgente de políticas públicas de largo plazo que aborden las causas estructurales de la violencia de género, profundamente arraigadas en estereotipos sexistas y en patrones culturales que perpetúan la discriminación y la desigualdad.
Feminicidios: una deuda que persiste
Los datos oficiales sobre feminicidios en México reflejan una situación alarmante. En 2021 se registraron 1,019 casos; en 2022, 853; y en 2024, 839. Estas cifras, aunque muestran una ligera disminución, evidencian la urgencia de implementar medidas efectivas para prevenir y erradicar este tipo de violencia.
Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, destacó la importancia de conmemorar los 30 años de la Convención de Beijing, que se cumplen en septiembre de este año, con acciones contundentes que permitan superar los roles de género que limitan el pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres.
“Nuestro llamado para atender las violencias contra las mujeres hace eco del trabajo emprendido por la presidenta de la República para impulsar la igualdad sustantiva”, afirmó.
Olivares Ferreto también enfatizó la necesidad de establecer un diálogo constructivo con las colectivas feministas, cuyo trabajo en el terreno es fundamental para entender y abordar las problemáticas que enfrentan las mujeres en México.
“Estas voces tienen mucho que aportar por el trabajo intenso que efectúan a diario. Abrir un diálogo propositivo permitirá sumar esfuerzos para impulsar las medidas que tanta falta hacen”, señaló.
Fiscalías y la Impunidad: El reto de la justicia
Uno de los pendientes más urgentes del Estado mexicano es la reparación integral del daño en los casos de feminicidio. De acuerdo con los estándares internacionales, esta reparación es una obligación del Estado cuando no cumple con su deber de garantizar la vida de las mujeres y niñas. Sin embargo, en México, las investigaciones sobre feminicidios suelen estar plagadas de irregularidades, lo que impide el acceso a la justicia y a la reparación para las familias de las víctimas.
Amnistía Internacional ha documentado ampliamente las deficiencias en las investigaciones de feminicidios. En su informe Muertes Intolerables, publicado en 2023, la organización evidenció la pérdida de elementos de prueba, investigaciones deficientes y sin perspectiva de género, así como actuaciones incompletas por parte de las procuradurías. Estas fallas no solo se limitan a casos específicos, como los de Ciudad Juárez y Chihuahua, sino que se han extendido a nivel nacional.
En su informe Juicio a la Justicia, publicado en septiembre de 2021, AI confirmó que estas deficiencias persisten y se han agravado.
“El trabajo deficiente de las procuradurías al investigar las violencias de género y los feminicidios impide que las familias de las víctimas accedan a la verdad, a la justicia y a la reparación integral del daño”, señaló la organización.
Amnistía Internacional acompaña varios casos emblemáticos de feminicidio en México, donde las familias de las víctimas han enfrentado años de lucha sin obtener justicia. En el caso de Karla Pontigo, ocurrido en 2012, la familia lleva 13 años buscando justicia y reparación. En el caso de Alondra González, el proceso se cerró en diciembre de 2023, después de seis años de tensiones entre las autoridades y la familia de la joven.
Otros casos, como los de Nadia Muciño Márquez, Julia Sosa Conde, Diana Velázquez Florencio y Daniela Sánchez Curiel, reflejan la incapacidad del Estado para garantizar justicia y reparación integral. En el caso de Daniela Sánchez Curiel, su madre lleva una década buscándola, sin que las autoridades hayan podido determinar su paradero.
Recomendaciones urgentes
Ante esta situación, Amnistía Internacional ha recomendado que las áreas de investigación de las procuradurías cuenten con personal debidamente capacitado en violencia de género y que las investigaciones se realicen con una perspectiva de género. Además, la organización instó al Estado mexicano a seguir el principio pro-persona, que prioriza la aplicación de las normas que más favorezcan los derechos de las víctimas.
“Desde Amnistía Internacional hemos saludado la llegada de Claudia Sheinbaum Pardo a la Presidencia del país. Su sensibilidad al tema de género es fundamental para impulsar el diálogo con las colectivas de mujeres”, afirmó Olivares Ferreto.
La directora ejecutiva de AI México también destacó la necesidad de abordar temas como el derecho a un aborto seguro, políticas de prevención de violencias de género mejor articuladas y el respeto al derecho a la protesta de las colectivas.
“El Estado mexicano tiene una enorme deuda con nosotras y se requieren acciones inmediatas para no seguir aplazando el derecho que tenemos las mujeres a vivir sin miedo y a disfrutar de una vida digna y sin violencias”, señaló Olivares Ferreto.
