La diputada federal Ana Isabel González González, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Educación con el objetivo de abordar el bullying como una responsabilidad compartida entre el Estado, las escuelas y los padres de familia.
La legisladora explicó que la propuesta fue enviada a la Comisión de Educación para su análisis y dictamen. El proyecto plantea adicionar los artículos 16 Bis, 16 Ter, 16 Quáter y 16 Quinquies a la ley vigente.
González González subrayó que el Estado deberá priorizar el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes al garantizar su derecho a una vida libre de violencia, mediante el desarrollo de programas y políticas públicas enfocadas en crear ambientes escolares seguros.
La iniciativa define el bullying como toda forma de violencia física, verbal, psicológica o digital ejercida de manera reiterada entre estudiantes, con el objetivo de intimidar, excluir o causar daño.
La diputada añadió que se incorporan obligaciones específicas para padres o tutores, quienes deberán participar en programas de prevención, colaborar con las autoridades educativas y asegurar atención psicológica a sus hijos cuando sea necesario.
Propuso un esquema gradual de medidas dirigidas a padres o tutores en casos de reincidencia en conductas de acoso escolar. En primera instancia, se contempla la amonestación y la asistencia obligatoria a cursos de parentalidad positiva.
En segunda reincidencia, indicó que se aplicaría una multa proporcional al ingreso familiar. Finalmente, en una tercera reincidencia, se prevé la canalización obligatoria a instancias de procuración de justicia, con el fin de evaluar medidas de protección y responsabilidad parental.
La legisladora priista enfatizó que las sanciones deberán ser proporcionales y evitar la criminalización de menores, manteniendo siempre el interés superior de la niñez.
Asimismo, González González indicó que la Secretaría de Educación Pública, el Sistema Nacional DIF y las procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes serían responsables de establecer los lineamientos para la aplicación de estas disposiciones.
En la exposición de motivos se señala que el acoso escolar se ha convertido en una de las principales causas de deserción en la educación básica, con efectos negativos en el rendimiento académico, consecuencias psicológicas severas y un aumento en la violencia juvenil.
El documento presentado por la diputada resaltó que, aunque ya existen leyes que reconocen el derecho de los menores a vivir sin violencia, no se especifica con claridad la responsabilidad parental en casos de bullying.
La iniciativa pretende cerrar vacíos legales, garantizar entornos escolares más seguros y proporcionar herramientas a docentes y estudiantes para identificar y enfrentar conductas de acoso, incluyendo agresiones físicas, verbales, psicológicas y digitales como el ciberacoso.
Finalmente, la Comisión de Educación deberá elaborar el dictamen correspondiente, y, en caso de avanzar, sería discutido en el Pleno durante el próximo periodo legislativo.
