La diputada federal de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, anunció que la bancada de su partido presentó una iniciativa de reforma constitucional con el objetivo de eliminar la figura de la prisión preventiva oficiosa, la cual, aseguró, vulnera derechos fundamentales y contraviene estándares internacionales.
De acuerdo con lo publicado en su cuenta oficial de X, Ballesteros sostuvo que en México persiste una deuda con miles de personas que se encuentran encarceladas sin sentencia, en su mayoría mujeres y jóvenes.
“México no tiene justicia y estamos en deuda con miles de personas encarceladas sin sentencia, en su mayoría mujeres y jóvenes. Morena prometió resolverlo y, lejos de hacerlo, tomó al Poder Judicial y además instaló la prisión preventiva oficiosa”, afirmó la legisladora.
La diputada explicó que la prisión preventiva oficiosa contraviene el principio de presunción de inocencia y los compromisos adquiridos por el país en materia de derechos humanos. Según señaló, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha recomendado retirar esta figura de la Constitución.
“Esta última es una figura que viola la presunción de inocencia y la Convención Americana de DDHH. La Corte Interamericana ya recomendó retirarla de la Constitución. Por eso hoy, desde Movimiento Ciudadano con la bancada naranja, presentamos una reforma constitucional para armonizar con el 1ro constitucional y con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, subrayó Ballesteros.
La legisladora acompañó su mensaje con datos que exponen el impacto de esta medida en la población penitenciaria.
De acuerdo con las cifras difundidas, en entidades como el Estado de México y Michoacán, la totalidad de las personas privadas de la libertad sin sentencia se encuentran bajo prisión preventiva oficiosa. En este contexto, se resaltó que el 56.4% de las afectadas son mujeres, mientras que el 46.2% son hombres, según datos de 2024.
Además, las gráficas compartidas por la bancada de Movimiento Ciudadano advierten que esta disposición permite encarcelar a personas únicamente por “sospecha”, sin que existan pruebas valoradas o juicios concluidos.
Entre las propuestas señaladas para revertir esta situación se encuentran que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva las acciones de inconstitucionalidad pendientes, retire la aplicación automática de la medida y reforme tanto la Constitución como el Código Nacional de Procedimientos Penales.
México no tiene justicia y estamos en deuda con miles de personas encarceladas sin sentencia, en su mayoría mujeres y jóvenes. Morena prometió resolverlo y lejos de hacerlo, tomó al Poder Judicial y además instaló la presión oficiosa preventiva.
— Laura Ballesteros Mancilla 🚲💜💪 (@LBallesterosM) August 20, 2025
Esta última es una figura que… pic.twitter.com/cE8GbQXgY8
Asimismo, el partido planteó que el cambio debe priorizar la protección de los grupos vulnerables, como mujeres, jóvenes, comunidades indígenas y personas en situación de desventaja socioeconómica, quienes son los más afectados por la aplicación de la prisión preventiva oficiosa.
Cabe destacar que la figura de la prisión preventiva oficiosa se formalizó en México a partir de la reforma constitucional en materia de justicia penal de 2008, que instauró el sistema acusatorio y estableció que ciertos delitos graves ameritaban automáticamente esta medida cautelar, entre ellos homicidio doloso, secuestro, violación y delincuencia organizada.
Posteriormente, en 2019, el Congreso de la Unión aprobó una reforma que amplió el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa, incluyendo robo de casa habitación, portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, corrupción, huachicol, delitos electorales y abusos contra menores, lo que incrementó significativamente el número de personas encarceladas sin sentencia.
Por otra parte, datos del INEGI (2024), hasta el cierre de 2023, un 37.3% de las personas privadas de libertad en centros penitenciarios estatales y federales no contaban con una sentencia. De este grupo, el 44.3% se encontraba en prisión preventiva oficiosa.
Adicionalmente, un análisis de México Evalúa revela que los delitos que ameritan esta medida aumentaron de 6 en 2008 a 23 en 2025, lo que refleja una expansión significativa de su aplicación en el sistema penal mexicano.
