IBERO responde a Sheinbaum con 15 propuestas de seguridad tras asesinato de Manzo

La IBERO enfatizó que las quince recomendaciones son una guía para reequilibrar el pacto federal en seguridad.

La Universidad Iberoamericana Ciudad de México (IBERO), a través de su Dirección de Incidencia y el Programa de Seguridad Ciudadana, publicó un documento con quince recomendaciones para replantear las políticas nacionales de seguridad, convivencia y justicia.

El pronunciamiento surge tras el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, Michoacán, ocurrido a inicios de noviembre, y como respuesta directa a la pregunta lanzada por la presidenta Claudia Sheinbaum: “¿Qué proponen?”.

De acuerdo con la institución, el crimen de Manzo y otros episodios recientes evidencian el “mayor déficit del Estado en la materia”, al señalar que durante tres décadas el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) no logró “promover, evaluar, documentar y replicar buenas prácticas”.

El comunicado sostiene que la crisis de violencia e impunidad persistirá mientras ese rezago no se atienda. Según la IBERO, la seguridad sostenible requiere fortalecer la dimensión municipal y colocar la participación ciudadana como eje central de la política pública.

Recomendaciones a los municipios

El documento plantea diez medidas dirigidas a los gobiernos locales. Entre ellas, resalta la creación de un consejo científico asesor independiente para identificar y difundir buenas prácticas en materia de seguridad municipal.

Asimismo, propone rediseñar las políticas locales bajo cuatro pilares: enfoque integral, horizonte presupuestal de largo plazo, fortalecimiento institucional y presencia territorial.

La universidad también plantea elaborar diagnósticos municipales con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), centros académicos y colectivos de víctimas. Dichos estudios deberían abarcar dinámicas delictivas, violencias y condiciones sociales asociadas a la criminalidad.

En otro apartado, la IBERO recomienda que toda política local incorpore el “respeto y promoción de los derechos humanos, con perspectiva de género e interculturalidad”, así como el fortalecimiento de la cultura de paz y la modernización tecnológica.

Además, propone establecer mecanismos de coordinación política y operativa dentro de los gabinetes municipales, fomentar la supervisión ciudadana externa y consolidar observatorios ciudadanos integrados por universidades y organizaciones civiles.

Estos instrumentos, señala, deben publicar informes basados en evidencia para fortalecer la rendición de cuentas.

Propuestas al Gobierno Federal

Las otras cinco recomendaciones se dirigen al ámbito nacional. La IBERO pide priorizar el apoyo a la seguridad “desde, en y para los municipios”, abandonando los enfoques centralizados y militarizados que, según su análisis, han debilitado la coordinación entre niveles de gobierno.

También sugiere crear un Centro Nacional de Investigaciones en Seguridad Pública, responsable de una Plataforma Nacional de Evidencias en Buenas Prácticas, en colaboración con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES).

Entre sus propuestas adicionales se incluye la conformación de una entidad ciudadana externa que supervise el desempeño del SNSP y el diseño de una política criminal basada en planes de persecución penal estratégica.

Asimismo, se plantea la autonomía técnica y presupuestal de la Fiscalía General de la República, así como una colaboración internacional más amplia con la Organización de las Naciones Unidas para fortalecer diagnósticos sobre violaciones graves a los derechos humanos.

En su pronunciamiento, la universidad advierte que los planes federales que se activan tras eventos violentos “funcionan como medidas apagafuegos, pero no modifican las dinámicas estructurales que los repiten”.

Finalmente, el texto subraya que las quince recomendaciones no son exhaustivas, sino una guía de referencia “para ayudar a reequilibrar el pacto federal en seguridad y su soporte presupuestal”.

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