La diputada Hilda Magdalena Licerio Valdés, del Partido Verde (PVEM), propuso modificar el artículo 14 de la Ley General de Educación Superior para que las universidades privadas estén obligadas a expedir títulos, certificados y diplomas en un plazo máximo de 90 días naturales después de que los egresados cumplan con los requisitos académicos y administrativos.
De acuerdo con Licerio Valdés, la reforma garantizará el derecho a la educación y al trabajo digno, además de eliminar los retrasos que impiden la pronta inserción laboral de los egresados.
Según la exposición de motivos, uno de cada cuatro estudiantes de instituciones particulares enfrenta demoras significativas en la obtención de su título, lo que según la legisladora, refleja deficiencias estructurales y falta de supervisión administrativa.
La diputada subrayó que los retrasos prolongados generan consecuencias sociales y económicas, pues muchos jóvenes no pueden acceder a empleos formales ni continuar estudios de posgrado mientras esperan su documentación.
“Personas egresadas han esperado más de dos o tres años sin recibir su título profesional, impidiendo su contratación en empleos formales o limitando su acceso a mejores oportunidades, lo que genera incertidumbre y frustración, y vulnera derechos fundamentales a la educación y al trabajo digno”, enfatizó.
En ese sentido, Licerio Valdés consideró necesario establecer un límite legal que impida que las universidades posterguen la entrega de documentos.
“La ausencia de una disposición expresa en la legislación ha permitido que los procesos administrativos se prolonguen de manera injustificada, dejando a los egresados en un estado de indefensión”, indicó.
La propuesta legislativa pretende incorporar en la ley un plazo máximo de noventa días naturales, contados a partir de que el egresado cumpla con los requisitos académicos y administrativos. De acuerdo con la diputada, esta medida fomentará la eficiencia administrativa y fortalecerá la certeza jurídica de quienes concluyen sus estudios.
“Eso fomenta la eficiencia administrativa de las instituciones de educación superior y protege el derecho de los egresados a ejercer su profesión en condiciones de igualdad y justicia”, agregó.
A su vez, la legisladora afirmó que la iniciativa busca garantizar el respeto a los derechos humanos, fortalecer el marco jurídico de la educación superior y construir un entorno más justo y competitivo para los jóvenes que se incorporan al mercado laboral.
Según Licerio Valdés, cada año miles de estudiantes en México finalizan sus estudios universitarios con la expectativa de integrarse al mundo laboral, pero enfrentan demoras que dificultan la obtención de la cédula profesional, documento indispensable para ejercer legalmente.
Por ello, reiteró que la falta de un plazo legal definido ha permitido prácticas discrecionales que afectan directamente el derecho de los egresados.
“La falta de un plazo definido en la ley para entregar ese documento genera un vacío que permite a algunas instituciones retrasar la entrega de esos certificados, aun cuando los estudiantes hayan cumplido con los requisitos académicos y administrativos”, puntualizó.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Educación para su análisis y dictamen. De aprobarse, la reforma podría establecer un precedente en materia de responsabilidad institucional y eficiencia administrativa en la educación superior privada, contribuyendo a reducir el rezago en la emisión de títulos y a fortalecer la confianza de los egresados en el sistema educativo.
Cabe mencionar que el tiempo de entrega de títulos en universidades privadas en México puede variar considerablemente, generalmente entre 3 y 12 meses, aunque puede extenderse hasta 24 meses, dependiendo de la institución y factores como la carga administrativa y la modalidad de titulación.
Además, la Secretaría de Educación Pública (SEP) tarda entre 1 y 8 semanas en emitir la cédula profesional, lo que suma un tiempo considerable al proceso. Según informes, uno de cada cuatro estudiantes de instituciones particulares enfrenta demoras significativas en la obtención de su título, lo que refleja deficiencias en los procesos administrativos.
La falta de un plazo legal definido en la legislación actual permite a algunas universidades postergar injustificadamente la entrega de documentos, lo que puede obstaculizar la inserción laboral de los egresados y limitar su acceso a oportunidades de posgrado.
