El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado, Ricardo Anaya Cortés, advirtió que la economía mexicana enfrenta un escenario de estancamiento este 2025, impulsado por factores internos y externos que, desde su perspectiva, han sido ignorados o minimizados por el gobierno federal.
En entrevista a medios durante la sesión ordinaria en la Cámara de Senadores, Anaya basó su postura en el informe entregado por la gobernadora del Banco de México, donde se establece que, desde finales de 2023, la economía nacional muestra una desaceleración sostenida. El documento también prevé que, durante este año, persistirá un entorno de debilidad económica, marcado por una atonía generalizada.
El senador señaló que esta situación se debe, principalmente, al contexto de incertidumbre y las tensiones comerciales con Estados Unidos. Entre los elementos que agravan la relación bilateral, mencionó la imposición de aranceles del 25 por ciento a productos como el acero, el aluminio, los automóviles y las autopartes mexicanas que se exportan fuera del marco del T-MEC, lo que representa aproximadamente la mitad de las exportaciones nacionales.
“Se está castigando a México por fuera del T-MEC, con aranceles que afectan directamente al acero, al aluminio y a la industria automotriz; eso representa casi el 50% de nuestras exportaciones”, señaló.
Además, atribuyó una parte significativa de la incertidumbre económica a las decisiones internas, particularmente a la reforma judicial impulsada por el Ejecutivo. Según el legislador, esta modificación debilita el Estado de derecho y genera desconfianza entre los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, lo que ha frenado el flujo de inversión y, en consecuencia, limita el crecimiento económico y la generación de empleos.
“Ya lo están diciendo inversionistas nacionales y extranjeros: no se puede invertir en un país donde la ley cambia según los intereses del poder”, afirmó.
Anaya también hizo referencia al reciente fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que autoriza a los poderes públicos a promover la elección judicial. Aunque reconoció las bases técnicas del dictamen, advirtió que esta decisión podría abrir la puerta a abusos por parte de funcionarios públicos, quienes, dijo, podrían intervenir de manera indebida en el proceso electoral relacionado con la reforma al Poder Judicial.
“Ese fallo es peligroso porque legaliza el uso de recursos públicos y estructura institucional para una campaña que solo favorece al partido en el poder”, sostuvo.
En el contexto de seguridad, el legislador mencionó los resultados de una encuesta que refleja un aumento en la percepción de inseguridad y una creciente preocupación ciudadana sobre posibles vínculos entre el crimen organizado y funcionarios del gobierno.
Afirmó que estos datos coinciden con los informes de organismos oficiales, como el INEGI, y consideró que el gobierno no ha reconocido ni atendido la magnitud del problema, lo que impide diseñar soluciones eficaces.
“El gobierno ha cerrado los ojos ante el avance del crimen organizado; negar el problema solo lo empeora y deja a la ciudadanía a merced de la violencia”, sentenció.
