En el Senado de la República se llevó a cabo un conversatorio en torno al libro “Los hijos de la violencia y el narco en Michoacán”, de la periodista Lorena Cortés Villaseñor, donde legisladoras, especialistas y activistas coincidieron en la urgencia de replantear las políticas de seguridad y atender de raíz las causas que vinculan a niñas, niños y adolescentes con el crimen organizado.
La presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Reyna Celeste Ascencio Ortega, sostuvo que el fortalecimiento de la justicia requiere una reforma profunda a las fiscalías y la erradicación de la corrupción en los cuerpos policiacos, debido a que, en muchos casos, son el primer contacto con las víctimas.
“Vale la pena preguntarse quién le da el permiso al narcotráfico de quitar, robar, secuestrar y matar los sueños y aspiraciones de las juventudes de nuestro país, y la respuesta puede ser: miedo, pobreza, falta de educación, la narcocultura que vemos en series de televisión, la falsa ilusión de riqueza rápida o la corrupción”, expresó.
De acuerdo con Ascencio Ortega, el tema adquiere relevancia en el marco del Día Internacional de la Juventud, conmemorado el 12 de agosto, al considerar que más de la mitad de la población en Michoacán identifica a la inseguridad como el principal problema, con un impacto directo en las y los jóvenes.
Por su parte, la autora Lorena Cortés Villaseñor advirtió que, según estimaciones de la Red por los Derechos de la Infancia en México, alrededor de 30 mil menores participan actualmente en grupos delictivos en el país.
“Hoy, en el Día Internacional de la Juventud, hay que señalar además que la principal causa de muerte en jóvenes entre 14 y 24 años es el homicidio doloso, lo que retrata de cuerpo entero la tragedia”, puntualizó.
Cortés Villaseñor describió que en regiones como Zamora, Jacona y zonas de Tierra Caliente, las condiciones de violencia y criminalidad son tan graves que, con base en indicadores internacionales, podrían considerarse una crisis humanitaria.
“México padece el cáncer del crimen organizado, que además ya hizo metástasis, y aunque se le han dado paliativos, se necesita curar desde lo elemental, por lo que hay que partir del diagnóstico, a fin de generar rutas sostenibles y no atacar con la pólvora, porque la violencia solo genera más violencia”, afirmó.
Margarita Zapata Moreno, coordinadora nacional de Amassuru —organización que trabaja en la seguridad y defensa de mujeres en Latinoamérica y el Caribe—, consideró que la obra es relevante porque reconoce que la violencia tiene impactos diferenciados según la población y permite visibilizar las causas y consecuencias de la participación juvenil en actividades criminales.
En tanto, la especialista en seguridad multidimensional, Teresa Torres Aguilar, señaló que parte de la solución pasa por la humanización de las estrategias, priorizando a las personas por encima de la lógica exclusivamente punitiva.
“La obra retrata la necesidad de cambiar el paradigma de la seguridad, a partir de políticas públicas coordinadas y con inteligencia social”, comentó.
Por último, Perla Liliana Ortega Porcayo subrayó la necesidad de un enfoque integral en las políticas de seguridad y alentó a compartir las historias del libro para fomentar cambios positivos en la comunidad.
