Aprueban en fast track nueva Ley General de Aguas en San Lázaro

El dictamen a la Ley General de Aguas establece que el Estado será el único responsable de regular el uso del agua.

La Cámara de Diputados avaló anoche, en lo general, la Ley General de Aguas impulsada por la presidente de la República, Claudia Sheinbaum, con 328 votos a favor, 131 en contra y cinco abstenciones, tras un debate extendido y marcado por protestas de productores agrícolas en los alrededores del recinto legislativo.

El dictamen, discutido en fast track, incluye reformas a la Ley de Aguas Nacionales y plantea reordenar el sistema de concesiones, garantizar la disponibilidad del recurso e incorporar nuevos mecanismos sancionatorios, según sus promotores.

La sesión se desarrolló en el Palacio Legislativo de San Lázaro, donde legisladores mantuvieron posturas encontradas ante la expectativa de revisar 529 reservas, de las cuales 18 fueron aceptadas para su análisis en lo particular.

Durante la mañana del miércoles, organizaciones campesinas bloquearon con tractores los accesos al recinto legislativo para exigir cambios a la propuesta presidencial, principalmente en materia de derechos sucesorios, volúmenes concesionados y el tratamiento de prácticas tradicionales de abastecimiento.

Aunque el dictamen sufrió más de 50 modificaciones desde su presentación, los inconformes insistieron en que persistían riesgos para el sector agrícola.

Entre los principales ajustes de última hora, los diputados acordaron replantear el artículo 49, con el fin de garantizar que, al transferirse la propiedad de tierras vinculadas a un título de concesión, la persona adquirente conservará los mismos derechos de explotación, uso o aprovechamiento del agua. La precisión incluye actividades agrícolas, ganaderas, pecuarias y acuícolas.

En el pleno también se añadió una reserva al artículo 22, que aclara que los procesos de transmisión por fusión, escisión, propiedad de sociedades y derechos sucesorios serán resueltos por la Autoridad del Agua mediante un procedimiento expedito en un plazo máximo de 20 días hábiles.

El dictamen incorpora nuevas penalidades en materia de traslado ilegal de agua. El artículo 123 Bis 3 establece sanciones de tres a cinco meses de prisión cuando el volumen trasladado sea menor o igual a 50 mil litros, y de seis a ocho meses cuando el volumen sea superior.

Asimismo, el artículo 123 Bis 5 fija castigos de dos a 14 años de prisión para funcionarios que otorguen concesiones, asignaciones o prórrogas a cambio de beneficios personales o familiares.

En tribuna, la presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Elizabeth Cervantes, defendió el alcance del nuevo marco regulatorio tras la presión de organizaciones campesinas y la confrontación entre bancadas.

“Hoy, México hace justicia, hoy México defiende su agua, porque el agua es la fuerza motriz de la naturaleza y a partir de hoy también es la fuerza motriz de un México más justo, más digno y más humano”, afirmó Cervantes.

La oposición cuestionó la velocidad con la que avanzó el dictamen. Legisladores de PAN, PRI y MC denunciaron falta de consulta a comunidades y sectores productivos, así como el riesgo de “criminalización” de prácticas agropecuarias.

En su posicionamiento, el priista Rubén Moreira insistió en que la propuesta carecía de mecanismos de participación social.

“No hay consulta, ése es el tema, no nos consultaron, esta ley es inconstitucional”, advirtió Moreira.

El debate se intensificó hacia la medianoche, con intervenciones cruzadas y reclamos por alusiones personales. El morenista Ricardo Monreal, citado por la oposición durante el intercambio, respondió directamente a los señalamientos.

“Nunca dije que habían sido consultadas las comunidades indígenas para esta ley… podríamos debatir artículo por artículo, sí aguantamos, no tenemos ningún problema”, expresó Monreal.

De acuerdo con el dictamen aprobado, el Estado será el único responsable de regular el uso del agua e implementar acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno.

También se elimina el régimen de transmisión de derechos de agua entre particulares, mientras que toda concesión que no sea utilizada para los fines autorizados deberá regresar a la Conagua para su redistribución.

Además, se crea el Registro Nacional del Agua, que concentrará el control y la transparencia del sistema de concesiones y asignaciones a nivel nacional.

La discusión en lo particular se anticipa extensa, dado el elevado número de reservas enlistadas y la intervención de más de 150 oradores; mientras tanto, en el Senado de la República se convocó a estar atentos a la sesión programada para las 8:00 horas.

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