La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que México aplicará la Prueba PISA 2025 a estudiantes de 15 años, en cumplimiento de una orden del Poder Judicial de la Federación emitida tras un amparo interpuesto por la organización civil Educación con Rumbo.
El anuncio fue realizado por el titular de la dependencia, Mario Delgado, durante la conferencia matutina de este lunes en Palacio Nacional.
La resolución judicial, dictada en el último trimestre de 2024, obliga a la SEP a garantizar la realización de la evaluación coordinada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que mide competencias en lectura, ciencias y matemáticas.
En un comunicado, Educación con Rumbo reconoció la decisión, aunque subrayó que responde a un mandato legal.
“Este paso es fundamental para mejorar la educación en el país”, afirmó la organización.
Miguel Ángel Ortiz Gómez, abogado constitucionalista consultado por el grupo civil, calificó la medida como “un avance para priorizar el derecho humano a la educación y el interés superior de la niñez”. Además, resaltó que los resultados de PISA servirán para “diseñar políticas públicas basadas en evidencia”.
Antecedentes y contexto
La participación de México en PISA 2025 estuvo en duda tras la suspensión de trámites clave y el no pago de cuotas durante el gobierno anterior, según declaraciones de Andreas Schleicher, director de Educación de la OCDE, en mayo de 2023.
Bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador, el país también se retiró de otras evaluaciones internacionales, lo que generó críticas por parte de expertos, quienes señalaron un “retroceso en los niveles de aprendizaje”.
Los resultados de PISA 2022 revelaron que México obtuvo 407 puntos en promedio, 71 menos que el estándar de la OCDE. El país ocupó el tercer lugar más bajo en matemáticas y comprensión lectora, y el último en ciencias entre los 37 miembros del organismo. Esta fue la caída más pronunciada desde que el país comenzó a participar en la prueba en el año 2000.
Hacia una mayor participación ciudadana
Paulina Amozurrutia, coordinadora nacional de Educación con Rumbo, exhortó a la SEP a constituir el Consejo Nacional de Participación Escolar, establecido en la Ley General de Educación. Este espacio buscaría fomentar la colaboración entre autoridades, maestros, padres de familia y especialistas en el diseño del Plan Sectorial de Educación 2024-2030.
“Es una oportunidad para construir consensos y fortalecer el sistema educativo”, señaló.
