El Departamento de Justicia de Estados Unidos divulgará los archivos de su investigación sobre Jeffrey Epstein, confirmó la fiscal general Pam Bondi este miércoles, tras la aprobación por el Congreso —entre la noche del 18 y la madrugada del 19 de noviembre— de la legislación que obliga a hacer públicos estos documentos, que incluirán registros de vuelo, memorandos y acuerdos vinculados al caso.
La divulgación se realizará en un plazo máximo de 30 días. Esta medida se aplicará a nivel federal, será de carácter obligatorio y responde a la nueva Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein.
De acuerdo con la información proporcionada por el Congreso, la iniciativa fue avalada por 427 votos en contra y uno a favor en la Cámara de Representantes, y luego fue aprobada por unanimidad en el Senado.
Según lo consignado por el Wall Street Journal, la normativa ordena a Bondi poner a disposición del público el material en un lapso de 30 días desde su promulgación.
En conferencia de prensa, Bondi confirmó la ejecución del mandato legislativo y precisó que su oficina actuará conforme a los lineamientos establecidos.
“Seguiremos cumpliendo la ley y fomentando la máxima transparencia”, afirmó.
A su vez, la funcionaria advirtió que la divulgación podría no ser completa, ya que ciertos contenidos deberán reservarse, particularmente aquellos que podrían interferir en investigaciones impulsadas por la administración del presidente Donald Trump en torno a figuras demócratas vinculadas al entorno de Epstein.
Además, según Bondi, el departamento resguardará la identidad de las víctimas de trata sexual cuyos nombres aparezcan en los documentos.
Conforme la legislación aprobada, la entrega de la información deberá realizarse de manera sistemática, consultable y completamente descargable. Asimismo, la ley permite la censura de datos que revelen la identidad de las víctimas o que contengan material considerado abuso sexual infantil.
Dentro de los 15 días posteriores a la publicación, el Departamento de Justicia deberá presentar un informe al Congreso detallando la información suprimida y los criterios utilizados para justificar cada restricción.
Por su parte, el contexto político ha influido en la discusión. Aunque Trump calificó inicialmente el proyecto como un “engaño” y lo relacionó con una supuesta maniobra partidista demócrata, finalmente aseguró que lo firmaría en caso de llegar a su escritorio.
La exigencia de transparentar los memorandos de entrevistas del FBI, aún retenidos parcialmente, ha generado inquietudes entre sectores que temen que nuevos nombres salgan a la luz sin que ello represente avances sustantivos en el caso.
