La Cámara de Diputados aprobó este miércoles en Ciudad de México una reforma que modifica los aranceles aplicados a mil 463 productos provenientes de países asiáticos, principalmente China y otras naciones sin acuerdos comerciales con México.
La medida, impulsada por el Gobierno federal, busca fortalecer el nearshoring, evitar distorsiones en sectores estratégicos y proteger la producción nacional.
Con 281 votos a favor, 24 en contra y 149 abstenciones en lo general, y 278 votos a favor, 25 en contra y 136 abstenciones en lo particular, el pleno avaló los cambios a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación.
La reforma contempla ajustes en textiles, autopartes, autos ligeros, plásticos, acero, muebles, calzado, electrodomésticos, vidrio, aluminio, juguetes y otros rubros sensibles para la economía mexicana.
Cambios aprobados y sectores afectados
La modificación establece nuevas tarifas para 141 autopartes, 13 autos ligeros, 308 productos de vestido, 79 plásticos, 248 del sector siderúrgico, 18 electrodomésticos, 37 juguetes, 398 textiles, 28 muebles, 49 calzados, 18 marroquinerías, 47 papeles y cartones, ocho motocicletas, 21 aluminio, un tipo de remolque, 25 vidrio y 24 jabones, perfumes y cosméticos.
Durante la discusión, los legisladores ajustaron códigos relevantes del sector textil —como 5209.19.91, 5210.39.91, 5211.49.91, 5407.52.05, 5509.53.01, 6004.10.99, 6006.32.03 y 6006.34.03— con el objetivo de reforzar la protección de los productores nacionales.
Previo a la votación, se incorporó un artículo cuarto transitorio que faculta a la Secretaría de Economía a activar mecanismos y herramientas jurídicas adicionales para garantizar el abasto de insumos en condiciones competitivas cuando se trate de mercancías provenientes de países sin tratados de libre comercio.
Justificación oficial y posicionamientos
En la presentación de las reservas, los legisladores remarcaron el impacto económico de las nuevas tarifas.
La narrativa oficial subrayó que fortalecer a los sectores productivos requiere medidas que protejan la industria nacional ante la competencia externa y que esta reforma tiene implicaciones directas en la capacidad de México para sostener su planta manufacturera en un contexto global cambiante.
En ese marco, el coordinador parlamentario Ricardo Monreal enfatizó la trascendencia nacional del dictamen
“Apoyar a la industria es apoyar a México”, señaló.
El Gobierno federal ha insistido en que los aranceles responden a un proyecto interno y no a presiones externas.
En la comunicación oficial se destacó que la política arancelaria forma parte del Plan México y del enfoque de reindustrialización soberana, con la intención de mantener diálogo con socios internacionales para evitar tensiones diplomáticas.
La presidente Claudia Sheinbaum aseguró en septiembre que la naturaleza de la medida era para fortalecer la economía mexicana
“No queremos ningún conflicto con ningún país […] es una medida que tiene que ver con el fortalecimiento de nuestra economía y del Plan México”, afirmó.
La mandataria también precisó que la decisión no deriva de la política estadounidense
“No está pensado en función de las negociaciones con Estados Unidos, sino de un proyecto nacional. Por eso no es un decreto, por eso lo estamos llevando al Congreso”, subrayó.
Contexto internacional y tendencia arancelaria
La decisión coincide con políticas recientes en Estados Unidos, donde el Gobierno de Donald Trump aplicó tarifas a China para reducir su déficit comercial con el Gobierno de Xi Jinping.
No obstante, México recalca que su estrategia responde a la necesidad de blindar sectores estratégicos y atraer inversiones asociadas al nearshoring.
Los países sujetos a las nuevas tarifas incluyen China, Corea del Sur, India, Vietnam, Tailandia, Brasil, Indonesia, Taiwán, Nicaragua, Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica, todos con participación relevante en el comercio exterior mexicano.
En noviembre, el Gobierno mexicano actualizó aranceles al azúcar a 156% y 210.44% ad valorem, con el objetivo de evitar afectaciones a la agroindustria provocadas por la caída de precios internacionales y la sobreoferta en el mercado interno.
La reforma fue turnada al Senado, donde se prevé un debate sobre los impactos en cadenas productivas, competencia y abasto. De ser ratificada, la Secretaría de Economía contará con nuevas facultades para regular importaciones y garantizar condiciones competitivas para la industria nacional.
