La bancada del PRI en la Cámara de Diputados denunció que el nuevo proyecto de dictamen de la Ley General de Aguas, circulado el fin de semana entre legisladores, mantiene disposiciones ambiguas, punitivas y con alcances discrecionales que, advirtieron, “ponen en riesgo a productores agrícolas en todo el país”.
El documento, de 537 páginas, fue analizado por diputados y especialistas, quienes coincidieron en que la propuesta criminaliza prácticas habituales del campo y otorga amplias facultades a la autoridad para restringir concesiones y aplicar sanciones.
El diputado federal Rubén Moreira Valdez afirmó que la iniciativa impulsada por Morena es una norma “injusta y punitiva” que no atiende los problemas estructurales del sistema hídrico ni las necesidades del sector agropecuario.
“Es evidente que el gobierno se dio cuenta de su error inicial y propone cambios, pero son insuficientes, ambiguos y peligrosos para el productor, especialmente para los más pobres”, indicó Moreira Valdez.
El legislador advirtió incongruencias entre los artículos del proyecto y acusó al oficialismo de “simular” apertura al diálogo para aprobar la reforma antes del 15 de diciembre, sin atender las demandas de los sectores productivos.
A su vez, aseguró que su voto será en contra mientras no se reinicie el proceso legislativo desde cero.
Durante una mesa de análisis en el programa Con Peras, Manzanas y Naranjas, Moreira fue acompañado por el economista Mario Di Costanzo y el abogado Julián Proa, quienes también calificaron la propuesta como riesgosa, discrecional y con enfoque recaudatorio.
El vicecoordinador del PRI, Alejandro Domínguez, integrante de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua y Saneamiento, expuso que el dictamen requiere un análisis profundo y una consulta nacional amplia.
Las modificaciones “son oscuras, poco claras y mañosas”, por lo que deben socializarse en todo el país, afirmó Domínguez.
El diputado señaló que el proyecto permite a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reducir discrecionalmente los volúmenes de extracción autorizados en concesiones, sin garantizar el derecho de opinión de los propietarios.
Además, detalló que en los distritos de riego se mantiene el control centralizado de Conagua y se obliga a los productores a reportar anualmente sus siembras, lo que, dijo, puede generar complicaciones operativas y jurídicas.
El abogado Miguel Sulub advirtió que la prohibición de transmitir derechos de concesión sigue vigente, aunque con otra redacción, y señaló duplicidades e incongruencias que podrían ser usadas en perjuicio de los productores.
El proyecto “continúa con la intención de criminalizar a todos los productores” y mantiene un “afán recaudatorio”, sostuvo Sulub.
Por su parte, Julián Proa alertó sobre sanciones que, según el dictamen, podrían alcanzar hasta ocho años de prisión y multas cercanas a 4 millones de pesos. Estos castigos aplicarían tanto a pequeños ganaderos con tres vacas como a productores con grandes extensiones de cultivo.
“La sanción va desde quienes tienen 3 vacas hasta quienes poseen 50 o 100 cabezas de ganado”, señaló Proa.
El abogado explicó que la propuesta tipifica como delito el “traslado” de aguas nacionales sin permiso, pese a que el concepto carece de una definición técnica, lo que abriría la puerta a perseguir actividades cotidianas como limpiar canales, desviar agua para salvar cosechas o ajustar sistemas de riego.
Los especialistas y Moreira coincidieron en que Morena no atendió las advertencias del sector agropecuario, que ha acudido al Congreso para exponer los riesgos del dictamen. Recordaron que el país enfrenta desafíos urgentes en materia de infraestructura.
Mario Di Costanzo señaló que México registra un rezago anual superior a 100 mil millones de pesos en infraestructura hidráulica y cuestionó que la iniciativa no incluya obligaciones presupuestales para modernización, mantenimiento o captación de agua.
El bloque opositor advirtió que insistirá en frenar la aprobación del dictamen hasta que se realice una revisión integral con la participación de productores, expertos y comunidades afectadas. El debate continuará en comisiones durante las próximas semanas.
El dictamen de la Ley General de Aguas —junto con reformas a la Ley de Aguas Nacionales— será discutido y votado en la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados el 3 de diciembre de 2025, como parte del proceso legislativo previo a su eventual presentación ante el Pleno.
La versión más reciente del dictamen incorpora alrededor de 50 modificaciones respecto al proyecto enviado originalmente por el Ejecutivo Federal.
Entre los ajustes destacan la inclusión de la figura de “uso agropecuario familiar”, destinada a actividades agrícolas y ganaderas de subsistencia, así como nuevas reglas para que, al transmitirse la propiedad de tierras vinculadas con concesiones de agua, los títulos puedan heredarse o transferirse junto con el predio.
El proyecto también redefine diversos artículos para que cualquier reducción, modificación o cancelación de volúmenes concesionados esté debidamente fundada y motivada en disposiciones legales específicas, con el objetivo de brindar mayor certeza a los usuarios y fortalecer el papel del Estado en la regulación del recurso hídrico.
Asimismo, los legisladores que participaron en la elaboración del dictamen han señalado que estas modificaciones buscan asegurar el derecho humano al agua para uso personal y doméstico, además de otorgar mayor claridad jurídica a pequeños productores, ejidatarios y usuarios agrícolas.
