Con 67 votos a favor y 29 en contra, el Senado de la República aprobó en lo general la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública, iniciativa que, tras su votación en lo particular (66 votos a favor y 31 en contra), fue turnada al Ejecutivo Federal para su promulgación.
El nuevo marco legal establece un esquema nacional con capacidad tecnológica y operativa para fortalecer la investigación y generación de inteligencia criminal, con el propósito de combatir la impunidad y prevenir delitos de forma proactiva.
La norma contempla mecanismos para interconectar y procesar bases de datos, registros administrativos, sistemas de inteligencia y diversas fuentes de información, los cuales estarán disponibles para las autoridades de seguridad pública y los ministerios públicos.
Desde la bancada oficialista, la senadora de Morena, Laura Estrada Mauro, defendió la iniciativa al destacar que el sistema garantizará el respeto a los derechos constitucionales, subrayando que las evidencias obtenidas por las policías no podrán ser incorporadas si se violan las garantías individuales.
“La información y las pruebas que las policías recaben no podrán ser obtenidas de manera arbitraria, so pena de ser declaradas nulas, porque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ley que se discute y el Código Nacional de Procedimientos Penales ordenan que toda intervención a la vida privada se realice primero, bajo la conducción del Ministerio Público y con el control judicial a cargo de un juez especializado”, afirmó.
Sin embargo, desde la oposición surgieron múltiples cuestionamientos. Legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano expresaron su preocupación por el alcance del sistema y el uso potencial de datos personales sin los debidos controles judiciales. Francisco Javier Ramírez Acuña, senador del PAN, expresó su rechazo categórico.
“Estamos en contra del espionaje disfrazado de política pública y de esta reforma que impulsa un modelo que concentra poder sin contrapesos, que permite el acceso desproporcionado a los datos personales, sensibles, fiscales, biométricos, patrimoniales, de geolocalización en tiempo real, sin reglas claras y sin control judicial obligatorio desde el inicio”, indicó.
Por parte del PRI, Anabell Ávalos Zempoalteca consideró que la ley compromete las libertades de los ciudadanos bajo un argumento de combate al crimen.
“La nueva ley pretende ser la respuesta ante el grave problema de seguridad y violencia que se vive en México, pero en realidad tiene la finalidad de constituir un gran aparato de espionaje y vigilancia en contra de los ciudadanos, ya no solo de los políticos; pone en riesgo las libertades y derechos”, advirtió.
En contraste, la senadora María del Rosario Corona Nakamura, del PVEM, respaldó la medida al señalar que se trata de una herramienta jurídica fundamental para fortalecer las acciones de seguridad pública.
“Es un importante instrumento jurídico para que las autoridades del ramo hagan uso de las tecnologías y puedan eficientar los procesos de búsqueda, prevención, investigación y persecución de delitos”, destacó.
Desde Movimiento Ciudadano, Amalia Dolores García Medina criticó la exclusión de los gobiernos estatales del Centro Nacional de Inteligencia, advirtiendo que esta decisión limita la coordinación en el combate al crimen organizado. Recalcó la necesidad de crear canales eficientes de intercambio de información entre los distintos niveles de gobierno.
Durante la sesión, diversos legisladores presentaron reservas a múltiples artículos del dictamen, incluidas observaciones al contenido de 23 artículos sustantivos y una disposición transitoria. No obstante, todas fueron rechazadas, por lo que el documento se mantuvo en sus términos originales.
Concluida la discusión, el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, informó que se agotaron los asuntos enlistados en el Periodo de Sesiones Extraordinarias y procedió a la clausura formal.
