“No hay indicios de exterminio”: Harfuch niega versión mediática sobre Rancho Izaguirre, pero admite torturas

La información se obtuvo tras la captura de José Gregorio Lastra Armida ("El Lastra"), reclutador principal del CJNG, detenido el 20 de marzo en Cuajimalpa, CDMX.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, descartó este lunes que el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, operara como un “campo de exterminio”, como sugirieron versiones mediáticas.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, García Harfuch confirmó que el sitio funcionó como centro de reclutamiento y adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), donde se torturaba y ejecutaba a quienes se resistían a unirse a la organización.

La información se obtuvo tras la captura de José Gregorio Lastra Armida (“El Lastra”), reclutador principal del CJNG, detenido el 20 de marzo en Cuajimalpa, CDMX. Según Harfuch, el detenido admitió que en el rancho se privó de la vida a personas que rechazaban el entrenamiento o intentaban huir.

“Se les daba acondicionamiento físico y manejo de armas durante un mes, incomunicados. Se les despojaba de sus pertenencias y vestían ropa táctica”, detalló.

Sobre la existencia de restos humanos en el lugar, el funcionario aclaró que no hay confirmación oficial y que la Fiscalía General de la República será quien determine si existen restos humanos.

“No lo tenemos confirmado”, precisó.

Reclutamiento con ofertas falsas y eliminación de redes digitales

De acuerdo con el informe que dio el secretario de seguridad, el CJNG atraía víctimas mediante 39 páginas web —ya eliminadas— que promovían empleos ficticios como guardias de seguridad, con sueldos de 4,000 a 12,000 semanales. Los reclutados eran citados en centrales de autobuses y trasladados al rancho, donde se les confiscaban sus pertenencias.

Sheinbaum anuncia reformas

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó reformas a la Ley General de Población y la Ley General de Desaparición Forzada para integrar bases de datos oficiales (registros civiles, vacunación) y facilitar búsquedas de personas desaparecidas.

“No se trata de abrir datos personales al público, sino de facilitar la búsqueda de personas para las autoridades competentes”, aclaró.

Mientras tanto, la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda mantendrán comunicación con colectivos de víctimas.

“Es un tema que no puede trasladarse con otros”, manifestó Sheinbaum.

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