La Asociación de Corresponsales Extranjeros en la República Argentina (Acera) emitió un comunicado señalando un “deterioro en las condiciones para ejercer el periodismo” desde la asunción del presidente Javier Milei en diciembre de 2023.
La organización denunció obstáculos recurrentes en el acceso a información oficial y riesgos crecientes durante coberturas en espacios públicos. Entre los incidentes que más resaltan, es la limitación en la acreditación de fotoperiodistas durante la apertura de las sesiones legislativas del 1 de marzo, encabezada por Milei.
Acera también mencionó que los equipos de prensa internacional incrementaron las medidas de protección, como el uso de chalecos y cascos antibalas, ante un clima de “violencia creciente” durante manifestaciones sociales, atribuyendo este escenario, en parte, al “accionar policial dependiente del Gobierno nacional”.
Otro punto crítico es la ausencia de conferencias de prensa del presidente Milei durante sus catorce meses en el cargo, lo que, según Acera, deriva en una comunicación “extremadamente selectiva” con medios extranjeros, bajo “criterios políticos y condiciones arbitrarias”.
La interacción gubernamental se reduce principalmente a declaraciones del portavoz presidencial, Manuel Adorni, quien anunció cambios en el formato de las ruedas de prensa, incluyendo un nuevo protocolo de acreditación y la implementación de un “botón silenciador” para evitar repreguntas.
Acera calificó estas medidas como un “avasallamiento a la libertad de expresión, de prensa y al derecho a la información”, afirmando que afectan tanto a periodistas como a la ciudadanía.
La asociación, con cuatro décadas de trayectoria en el país, manifestó su compromiso de “promover el libre acceso a las fuentes” y proteger a los corresponsales de “coacciones, injerencias u obstáculos directos e indirectos”.
El anuncio del “botón silenciador”, realizado por Adorni durante su conferencia, generó particular preocupación por su potencial para restringir el cuestionamiento crítico. Acera insistió en que estas acciones contradicen estándares internacionales sobre transparencia y ejercicio periodístico, fundamentalmente en contextos democráticos.
