El Senado de la República inició el proceso legislativo para modificar el marco jurídico que regula la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, con la intención de cerrar brechas normativas y elevar la capacidad de respuesta del Estado ante delitos financieros vinculados al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo.
El dictamen, que fue presentado en primera lectura ante el Pleno, contempla ajustes tanto a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita como al Código Penal Federal. Su propósito es ampliar las facultades de supervisión, fortalecer la cooperación entre las instancias involucradas y actualizar conceptos clave que permitan una aplicación más eficaz de la legislación.
Una de las novedades que plantea el proyecto es la incorporación de términos que no estaban definidos previamente, como “persona políticamente expuesta”, “desarrollo inmobiliario”, “beneficiario controlador” y “representante encargado de cumplimiento”.
Esta precisión conceptual permitirá a las autoridades identificar con mayor claridad a los actores involucrados en actividades financieras susceptibles de ser utilizadas para encubrir operaciones ilícitas.
Asimismo, se establece la obligación de quienes llevan a cabo actividades consideradas vulnerables de dar seguimiento sistemático a las operaciones realizadas con personas usuarias o clientas, lo cual representa un cambio en la forma en que deben gestionar el riesgo operativo dentro de sus procesos.
En el ámbito penal, el documento plantea que las denuncias relacionadas con el uso indebido de servicios financieros institucionales, cuando impliquen recursos de origen ilícito, sean presentadas a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Este organismo también será reconocido legalmente como víctima u ofendida en estos casos.
Además, el Ministerio Público podrá iniciar investigaciones sin que medie una denuncia previa por parte de Hacienda, siempre que existan indicios fundados del posible delito. Este cambio elimina una barrera procesal que había sido señalada por especialistas como un obstáculo para la persecución eficaz de estos delitos.
El proyecto también contempla sanciones más severas para quienes incumplan con las disposiciones legales en materia de prevención, entre ellas, la revocación de permisos a los sujetos obligados que no atiendan las medidas requeridas.
Con estas reformas, el Senado busca reforzar la capacidad institucional del Estado mexicano para proteger la estabilidad económica, cumplir compromisos internacionales en la materia y garantizar el principio de legalidad en el manejo de recursos financieros.
Durante la misma sesión, también se dio trámite inicial a otros proyectos de ley, como el que permitiría la exportación de carne de totoaba producida en cautiverio, y otro que propone la creación de una ley nacional para eliminar trámites burocráticos mediante un modelo estandarizado y simplificado.
Por último, se presentó una iniciativa para modificar el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, con el fin de reconocer a las mujeres que han contribuido de manera significativa a la transformación del país.
