La reforma a la Ley de la Guardia Nacional, que será discutida en la Cámara de Diputados durante el segundo día del periodo extraordinario legislativo, ha generado controversia en diversos sectores políticos, especialmente en la oposición.
Uno de los puntos más polémicos de la reforma es la propuesta que permitiría a los miembros activos de la Guardia Nacional desempeñar cargos de elección popular sin necesidad de pasar por un proceso electoral formal, sino mediante una “licencia especial” otorgada directamente por la o el presidente de la República.
El proyecto, que se votará este martes, plantea la posibilidad de que los militares puedan asumir puestos tanto civiles como políticos en el gobierno federal, estatal o municipal, sin la intervención de la Cámara de Diputados o del Senado.
La iniciativa desató alarmas, especialmente entre los miembros de Movimiento Ciudadano, cuya coordinadora en San Lázaro, Ivonne Ortega Pacheco, expresó su preocupación por las implicaciones legales y democráticas de este cambio.
En sus declaraciones, Ortega señaló que la redacción del dictamen podría abrir un vacío legal peligroso, ya que no se especifica si los militares deben participar en un proceso electoral o si simplemente pueden ser nombrados directamente en dichos cargos.
La legisladora advirtió que, tal como está formulada la reforma, podría ser posible que el presidente de la República designe a un militar para asumir funciones clave, como gobernador, diputado, senador o incluso presidente de la República, sin necesidad de pasar por el sufragio popular.
“Esto es gravísimo. La reforma no dice que van a competir, dice que podrán desempeñar cargos de elección popular. Eso abre la posibilidad de designaciones directas: gobernador, diputado, senador, hasta un ministro del Poder Judicial. Así como está redactado, el presidente podría enviar a un general como titular de Pemex, de la CFE o incluso a la Presidencia de la República sin pasar por el voto ciudadano”, enfatizó Ortega.
La reforma también contempla la creación de una nueva “licencia especial” que, junto con las ya existentes, permitiría a los elementos de la Guardia Nacional dejar temporalmente sus cargos para ocupar puestos de elección popular o civiles designados por el Ejecutivo Federal. Una vez terminado el encargo, el militar podrá reincorporarse a sus funciones dentro de la Guardia Nacional.
El dictamen establece que será el presidente de la República, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quien autorice estas licencias y determine la duración de estas. Incluso cuando no se estipule un plazo específico para el encargo, la licencia finalizaría al concluir el sexenio presidencial que la autorizó, lo que permitiría que los elementos militares regresen a su puesto en la Guardia Nacional o sean reubicados en otra función.
Ortega Pacheco expresó su rechazo rotundo a la propuesta, señalando que abriría la puerta a un peligroso canal de militarización política que podría socavar la democracia y el equilibrio de poderes en el país.
“Es una amenaza a la democracia. Se está construyendo un marco legal para que los mandos militares no solo se encarguen de la seguridad, sino que controlen cargos públicos y políticos sin someterse al voto ciudadano”, subrayó.
Esta reforma, si se aprueba, podría representar un punto de inflexión en la relación entre las Fuerzas Armadas y el poder civil, un tema que cobró relevancia durante los últimos años, dado el creciente papel del Ejército en diversas funciones del gobierno. La oposición sostiene que esta medida refuerza la centralización del poder en manos del Ejecutivo, lo que podría generar riesgos para el sistema democrático del país.
Ante esta situación, la emecista manifestó que la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados adelantó que votará en contra del dictamen, llamando a un debate más profundo sobre las consecuencias de esta reforma.
“No podemos permitir que se abra la puerta al uso político de las Fuerzas Armadas. Si hoy ya hay excesos fuera de la ley, este cambio podría agravar la situación y poner en riesgo la protección de los ciudadanos”, subrayó Ortega.
