Las fuerzas armadas de Estados Unidos difundieron este jueves un video de un ataque contra una embarcación presuntamente vinculada al narcotráfico en el Pacífico Oriental, operación que dejó cuatro tripulantes muertos.
El hecho, anunciado por el Comando Sur, se produjo en medio de una creciente controversia en el Senado sobre la legalidad de las acciones militares ordenadas por la Administración de Donald Trump.
La ofensiva fue presentada como parte de la campaña “Lanza del Sur”, dirigida contra embarcaciones relacionadas con el crimen organizado en aguas internacionales.
De acuerdo con la publicación oficial, la orden del ataque provino del secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien enfrenta críticas luego de que una investigación periodística revelara presuntos disparos contra una embarcación en el Caribe para eliminar sobrevivientes de un primer ataque en septiembre.
Sin embargo, las autoridades militares no ofrecieron información sobre la organización criminal detrás del bote neutralizado ni sobre el cargamento que transportaba.
“La Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó un ataque cinético letal contra un buque en aguas internacionales operado por una Organización Terrorista Designada”, afirmó el Comando Sur en su cuenta oficial.
On Dec. 4, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel in international waters operated by a Designated Terrorist Organization. Intelligence confirmed that the vessel was carrying illicit narcotics and… pic.twitter.com/pqksvxM3HP
— U.S. Southern Command (@Southcom) December 4, 2025
Ese mismo día, el almirante Frank Bradley compareció a puerta cerrada ante el comité de fuerzas armadas del Senado, que analiza la legalidad de las operaciones militares en el Pacífico y el Caribe.
Legisladores de ambos partidos solicitaron detalles sobre las reglas de enfrentamiento, el grado de autorización presidencial y los informes internos presentados tras los ataques.
Por otra parte, la estrategia antinarcóticos del Gobierno estadounidense en las costas de Venezuela y Colombia ha generado cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos. Documentos oficiales señalan al menos 80 muertes vinculadas con estas acciones en los últimos meses.
En uno de los casos, el abogado del presidente colombiano Gustavo Petro presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la presunta ejecución extrajudicial de un pescador en el Pacífico durante una operación estadounidense.
“Se debe esclarecer la cadena de mando y determinar si hubo órdenes directas para eliminar a posibles sobrevivientes”, expuso una fuente legislativa consultada.
Asimismo, Trump declaró esta semana que su Gobierno “se prepara para operaciones en territorio venezolano” con el objetivo de “eliminar objetivos ligados al narcotráfico”, lo que incrementó la tensión regional y las dudas sobre el marco jurídico de estas intervenciones.
El Senado continuará sus audiencias en las próximas semanas. De confirmarse irregularidades en las reglas de enfrentamiento, se anticipan acciones legales y posibles sanciones a mandos militares responsables de las operaciones en el Pacífico y el Caribe.
Con información de EFE
