Las protestas contra el Gobierno de Bolivia derivaron este lunes en saqueos, ataques a edificios públicos y enfrentamientos con policías en La Paz, donde organizaciones sociales y sectores afines a Evo Morales exigieron la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Los disturbios provocaron daños en juzgados, estaciones del teleférico, negocios privados y vehículos policiales, además de la suspensión parcial del servicio de transporte.
La crisis mantiene bloqueado al departamento de La Paz desde hace 13 días, mientras instituciones civiles y religiosas llamaron al diálogo para frenar la escalada de violencia.
La jornada se agravó tras la llegada a La Paz de una marcha de seguidores del expresidente Evo Morales, quienes se sumaron a movilizaciones impulsadas por la Central Obrera Boliviana (COB), campesinos aimaras y organizaciones sociales de El Alto.
Los manifestantes cercaron las inmediaciones de la plaza Murillo, sede del Gobierno y el Parlamento boliviano, donde lanzaron piedras, petardos y cargas de dinamita contra policías antimotines. En respuesta, los agentes utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a los grupos movilizados.
En medio de los enfrentamientos, algunos manifestantes arrancaron puertas de edificios privados para utilizarlas como protección y prendieron fogatas con maderas y papeles para contrarrestar los gases.
Los disturbios también alcanzaron al Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), donde grupos de personas ingresaron al inmueble, destruyeron oficinas y sustrajeron mobiliario. Otro contingente atacó con piedras uno de los accesos a los juzgados.
Las estaciones del sistema estatal Mi Teleférico, que conecta La Paz con El Alto, registraron daños por piedras arrojadas durante las movilizaciones. La estación más afectada fue una ubicada en el centro histórico paceño, donde además un policía encargado de la vigilancia fue golpeado por manifestantes.
Ante los hechos, la empresa estatal suspendió temporalmente operaciones en una línea principal y otras tres rutas afectadas por las protestas.
Medios locales y vecinos también reportaron la quema de un vehículo policial estacionado cerca de oficinas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc), mientras comerciantes denunciaron saqueos y daños en pequeños negocios.
El departamento de La Paz permanece incomunicado desde hace 13 días debido a bloqueos carreteros promovidos por la Federación de Campesinos Tupac Katari con respaldo de la COB. También se reportaron cortes de rutas en Oruro, Cochabamba y Chuquisaca.
La Defensoría del Pueblo informó que entre el 12 y el 18 de mayo se registraron 15 agresiones contra periodistas y cuatro ataques a equipos de prensa durante la cobertura de las movilizaciones.
El Gobierno de Rodrigo Paz, que lleva seis meses en funciones, responsabilizó a Evo Morales de promover las protestas en un intento de retornar al poder mediante presión social y política.
Frente al incremento de la violencia, la Iglesia católica, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto emitieron un pronunciamiento conjunto para exigir la apertura de una mesa de diálogo.
“Frente a la tozudez del conflicto llamamos a contraponer la claridad de la palabra; frente al descontrol de las pasiones, vigorizar la fuerza del entendimiento; frente a la presencia de la violencia, invocamos la fecundidad del diálogo”, señalaron las instituciones en un comunicado.
Las organizaciones convocantes pidieron un “diálogo por el bien común” entre el Gobierno y sectores como la Federación de Campesinos Túpac Katari, la COB y la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, principales actores de las protestas y bloqueos registrados durante las últimas dos semanas.
Asimismo, expresaron preocupación por la “escalada de conflictividad”, las agresiones y las afectaciones a terceros derivadas de las movilizaciones.
En este contexto, la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) se declaró en estado de emergencia “en defensa de la democracia, la Constitución Política del Estado y el Estado de derecho”, además de ofrecerse como mediadora para buscar soluciones concertadas al conflicto.
Con información de EFE
