Laura Ballesteros exige frenar el despojo urbano por gentrificación en CDMX

Ballesteros citó datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), según los cuales existen más de 6.5 millones de viviendas abandonadas en el país.

En el marco de las recientes protestas contra la gentrificación en la capital del país, la diputada federal de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, llamó a centrar el debate público en la crisis estructural de vivienda que afecta especialmente a los jóvenes.

A través de un mensaje en redes sociales y un video explicativo, la legisladora denunció la corrupción inmobiliaria y la omisión de las autoridades como responsables del desplazamiento de familias hacia zonas periféricas sin servicios adecuados.

Ballesteros advirtió que la discusión no debe reducirse a los actos vandálicos registrados durante las movilizaciones del fin de semana.

“Debemos hablar de lo que de verdad se rompió, y desde hace mucho, décadas. El derecho a la vivienda digna y accesible en el corazón de la ciudad”, escribió en su cuenta de X.

De acuerdo con cifras citadas por la diputada, actualmente siete de cada diez jóvenes en la Ciudad de México no tendrían acceso a una vivienda propia en zonas centrales y conectadas al transporte público. Aseguró que la raíz del problema no se encuentra en el arribo de extranjeros a determinadas colonias, sino en el poder que el llamado “cártel inmobiliario” ha ejercido con la permisividad de los gobiernos locales.

“Ellos lucran con el suelo, vacían colonias y empujan a las familias a vivir en periferias sin agua, ni servicios, ni movilidad”, expresó Ballesteros, quien además preguntó si la ciudad está lista para discutir “en serio” sobre la justicia urbana.

En un video adjunto a la publicación, la legisladora argumentó que durante el siglo XX existía una política social centrada en el desarrollo de vivienda digna en zonas urbanas estratégicas, donde las personas podían trabajar, recrearse y convivir con sus familias. Sin embargo, denunció que actualmente es el capital privado —y no una planeación pública con enfoque social— el que determina la distribución del suelo.

“El pacto de corrupción entre el gobierno y la mafia inmobiliaria ha hecho que este capital privado sea quien determine dónde está la sociedad y dónde no; dónde es negocio y dónde no. Y eso no es justo”, sostuvo.

Ballesteros citó datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), según los cuales existen más de 6.5 millones de viviendas abandonadas en el país.

Atribuyó este fenómeno a la construcción masiva en zonas aisladas, diseñadas para maximizar la ganancia de los desarrolladores, pero sin considerar la calidad de vida de sus habitantes. La diputada emecista mencionó casos como Zumpango, Apan, Reynosa, Ciudad Juárez y Cuautitlán como ejemplos de esta expansión sin planeación integral.

“Principalmente se construyeron zonas aisladas, donde era negocio para los desarrolladores, pero no era para la gente”, señaló.

La legisladora finalizó su posicionamiento con un llamado a replantear el modelo urbano y garantizar condiciones de equidad territorial. A su juicio, es momento de priorizar una política de vivienda centrada en las personas y no en el mercado.

“Nunca más un niño o una niña sin un techo donde vivir. Nunca más casas sin infancias, juventudes o familias viviendo en ellas”, sentenció.

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