Tras una operación de inteligencia que se extendió por más de seis meses, el Gobierno federal desarticuló una de las principales redes criminales dedicadas al robo y comercialización ilegal de hidrocarburos en el centro del país.
El despliegue, encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), culminó con la detención de 32 presuntos integrantes del grupo delictivo y el aseguramiento de bienes valuados en millones de pesos.
La intervención simultánea se ejecutó en la Ciudad de México, el Estado de México y Querétaro, en coordinación con elementos de la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Marina. Como resultado, se cumplimentaron 12 órdenes de cateo y se incautaron vehículos, armas, dinero en efectivo y animales exóticos que eran resguardados por la organización.
“En el municipio de Ixtlahuaca, Estado de México, se realizaron cuatro cateos, donde fueron detenidas 15 personas, entre ellas Cirio Sergio ‘N’, líder de la organización delictiva, quien coordinaba la extracción de tomas clandestinas, el traslado de hidrocarburo y los vínculos con autoridades estatales y municipales para mantener sus operaciones”, indicó Omar García Harfuch, titular de la SSPC, al detallar el alcance del operativo.
Entre los principales detenidos figuran Cirio Sergio Rebollo Mendoza, alias Don Checo, señalado como cabecilla de la red; Luis Miguel Ortega Maldonado, apodado El Flaco de Oro, considerado su operador principal; y Diego “N”, responsable de la logística y las finanzas del grupo.
El grupo operaba mediante la perforación clandestina de ductos para extraer gasolina y gas LP, que luego almacenaban en bodegas, camuflaban en comercios fachada y distribuían a través de una red ilegal a gasolineras. Uno de los puntos clave de resguardo fue un restaurante en Polotitlán, Estado de México, donde también se localizó una toma clandestina, vehículos y contenedores.
Además de las detenciones, se aseguraron 12 inmuebles utilizados por la organización, así como 21 tractocamiones, 14 semirremolques, ocho pipas, cinco remolques, 48 vehículos (muchos de ellos blindados o de lujo), un autobús, 12 motocicletas, 36 armas de fuego y dos tomas clandestinas. También se confiscaron 16 millones de pesos en efectivo, drogas, medicamentos controlados y animales exóticos, que fueron entregados a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
El fiscal general Alejandro Gertz Manero señaló que la operación refleja el fortalecimiento institucional para enfrentar a la delincuencia organizada.
“Lograr que todo el sistema funcione de manera coordinada, que toda la parte de investigación e inteligencia que está señalada en las nuevas reformas legales vigentes, nos permite tener cada vez más fuerza, más cobertura y más defensa de la sociedad”, manifestó.
Aunque no se confirmó la participación directa de servidores públicos en la protección de esta red delictiva, el gabinete de seguridad informó que se investigan posibles vínculos de funcionarios federales, estatales y municipales con la organización.
Durante la presentación del operativo, García Harfuch aclaró que el grupo criminal desmantelado no tiene relación con el Cártel Jalisco Nueva Generación ni con el Cártel de Santa Rosa de Lima, ambos conocidos por su involucramiento en el huachicoleo.
Finalmente, el titular de la SSPC subrayó que esta acción forma parte de una estrategia sostenida para debilitar las estructuras financieras del crimen organizado y enviar un mensaje claro sobre la política de cero tolerancia a la impunidad:
Harfuch resaltó que “la desarticulación de estas redes criminales no sólo afecta sus capacidades operativas y financieras”, sino que reafirma el compromiso de este gobierno en la lucha contra la impunidad.
