Fiscalía CDMX propone endurecer sanciones por violencia de género y prejuicio sexual

Estas iniciativas en la CDMX tienen como objetivo una respuesta judicial más efectiva para proteger a las víctimas y visibilizar la gravedad de la violencia de género.

La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, presentó dos iniciativas de reforma al Código Penal local, que buscan aumentar las sanciones por lesiones motivadas por razones de violencia de género o prejuicio hacia personas de la diversidad sexual y añadir agravantes al delito de amenazas.

Alcalde Luján, explicó que las propuestas fueron elaboradas en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y forman parte de los esfuerzos del Gabinete de Seguridad capitalino para fortalecer la protección penal con perspectiva de género.

De acuerdo con Alcalde Luján, las modificaciones pretenden evidenciar la violencia diferenciada que enfrentan las mujeres y las personas LGBTIQ+, y garantizar una respuesta judicial proporcional a la gravedad de estos actos.

A su vez, la fiscal explicó que el objetivo es atender de forma prioritaria las amenazas y agresiones antes de que escalen a hechos más graves.

“Este es un paso más en esta ciudad para reconocer la violencia que las mujeres y las personas de la diversidad sexual siguen enfrentando y asegurar que pueda ser sancionada”, afirmó la titular de la FGJCDMX.

La primera propuesta contempla reformar los artículos 131 y 131 Bis del Código Penal de la Ciudad de México, con el propósito de incrementar en dos terceras partes la pena por lesiones cometidas por motivos de género o prejuicio.

Esta modificación indaga que el tratamiento penal de estas conductas sea similar al que ya se aplica en casos de feminicidio, diferenciando las lesiones comunes de aquellas motivadas por discriminación o violencia estructural.

Según la iniciativa, las lesiones con agravantes incluirán factores como relaciones afectivas previas, antecedentes de amenazas o acoso, expresiones de odio, daño a la apariencia física, control de la autonomía personal, agresiones frente a menores de edad o actitudes denigrantes, además de violencia vinculada con el trabajo sexual.

En cuanto al delito de amenazas, la segunda iniciativa propone modificar el artículo 209 para incorporar nuevas agravantes relacionadas con el uso de armas de fuego o punzocortantes, la pertenencia a grupos criminales, las amenazas de muerte o el uso de explosivos, así como los intentos de intimidar a personas involucradas en procesos judiciales con el fin de obstaculizar su participación.

“La idea es contar con una regulación más precisa sobre los medios y mecanismos de amenaza, de modo que se sancionen con mayor severidad aquellas que infunden miedo o alarma en la población, y diferenciarlas de una amenaza común”, expuso Alcalde Luján.

En estos casos, los delitos serían castigados con el triple de la pena vigente, además de aumentar de uno a dos años la pena base. La propuesta también introduce el concepto de “mal grave”, para distinguir las amenazas reales de las expresiones que no representen un riesgo efectivo.

Las reformas fueron presentadas durante una conferencia encabezada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, junto con otras iniciativas del gabinete local.

Entre ellas, resaltan las reformas a la Ley del Sistema Nacional de Cuidados, a cargo de Araceli Damián González, titular de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social; las modificaciones a los artículos 238 y 238 Bis sobre el delito de despojo, presentadas por la consejera Jurídica y de Servicios Legales, Eréndira Cruzvillegas Fuentes.

También se incluyen las propuestas a la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana, expuestas por el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho.

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