Grupo Salinas denunció públicamente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) actuó por consigna al desechar, este 13 de noviembre de 2025, los argumentos con los que buscaba revertir créditos fiscales millonarios, una decisión que la empresa atribuyó a una presunta presión del Ejecutivo Federal y que motivó un nuevo posicionamiento contra el Máximo Tribunal.
La resolución fue emitida por el Pleno de la Corte, el cual confirmó un adeudo superior a 33 mil millones de pesos y aplicó una multa por presuntos intentos de dilación.
De acuerdo con la publicación difundida en redes sociales por Grupo Salinas, la compañía sostuvo que la votación del Pleno ocurrió sin sustento jurídico y atendiendo a presiones políticas.
“Hoy es un día negro para la justicia y el Estado de Derecho en México. La espuria SCJN votó en contra de Grupo Salinas, sin análisis jurídico alguno, por consigna y mandato del Gobierno de México”, afirmó la empresa en su mensaje inicial.
La postura, difundida de manera simultánea a un comunicado más amplio, señaló que la decisión de los ministros vulnera derechos fundamentales y deja sin protección a empresas y ciudadanos frente a cobros indebidos.
“La Corte ha dejado de defender a ciudadanos y empresas, eliminando garantías como el amparo y convalidando cobros dobles abusivos e ilegales, con tal de servir al poder político”, indicó el posicionamiento.
En el documento, Grupo Salinas profundizó en sus críticas y calificó de ilegítima la resolución del Pleno. Según el comunicado, las determinaciones adoptadas por el Tribunal Supremo obedecen a un guion político y no al análisis técnico de los litigios.
“En una decisión abiertamente violatoria de nuestros derechos humanos, desecharon todos los argumentos de Grupo Salinas, obedeciendo al pie de la letra las instrucciones dictadas por el Ejecutivo Federal para servir a sus intereses”, subrayó el texto.
A su vez, cuestionó la actuación de los ministros, a quienes acusó de omitir el examen de fondo y de avalar un presunto acoso político contra el presidente fundador del conglomerado, Ricardo Benjamín Salinas Pliego.
“Los ministros del acordeón omitieron deliberadamente analizar el fondo jurídico y considerar el evidente acoso político en nuestra contra”, reiteró la empresa en su posicionamiento.
Como parte de su defensa, Grupo Salinas anunció que buscará nuevas rutas legales, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, con el objetivo de revertir los créditos fiscales que considera inconstitucionales y de denunciar las consecuencias económicas que, a su juicio, genera la decisión del Tribunal.
“Las resoluciones emitidas en esta instancia nos obligan a acudir a otras vías, incluso en el ámbito internacional, con el propósito de asegurar la plena garantía y protección de nuestros derechos humanos”, sostiene el comunicado.
Hoy es un día negro para la justicia y el Estado de Derecho en México. La espuria @SCJN votó en contra de #GrupoSalinas, sin análisis jurídico alguno, por consigna y mandato del @GobiernoMX.
— Grupo Salinas (@gruposalinas) November 13, 2025
El precedente es grave y con implicaciones más allá de nuestros casos: la Corte ha… pic.twitter.com/aHEA3Qqrwz
En contraste, la resolución de la SCJN, aprobada por unanimidad, reafirmó la obligación de Grupo Elektra empresa del conglomerado —de pagar un crédito fiscal por 33 mil 306 millones 306 mil 476 pesos correspondiente a los ejercicios 2014 y 2015—.
Según la sentencia, el amparo directo en revisión 6321/2024 no cumplía con los supuestos legales para ser revisado por el Máximo Tribunal. El Pleno, a propuesta del ministro Rodrigo Arístides Guerrero, determinó que los argumentos presentados no acreditaban la excepcionalidad requerida.
“Si bien se suscitó un tema de constitucionalidad, lo cierto es que carece de excepcionalidad debido a que en el recurso de revisión no se argumentó, ni se aprecia que el Tribunal Colegiado de Circuito se hubiese apartado de los precedentes mediante los que se resuelven los aspectos de constitucionalidad planteados”, señala el documento aprobado.
Además, los ministros resolvieron el impedimento 33/2024, promovido por Grupo Elektra, que buscaba separar del caso a Alberto Pérez Dayán, Yasmín Esquivel Mossa y Lenia Batres Guadarrama. La ministra Esquivel, Batres y Estela Ríos González se retiraron de la discusión, debido a cuestionamientos previos de imparcialidad.
El proyecto del ministro Irving Espinosa Betanzos declaró sin materia el recurso contra Pérez Dayán por su retiro y desestimó los señalamientos contra Esquivel Mossa, además de plantear el abandono del criterio mediante el cual Batres había sido declarada impedida en litigios relacionados con el empresario Ricardo Salinas Pliego.
“Las expresiones atribuidas a la Ministra Batres Guadarrama son anteriores no solo al inicio de sus funciones como Ministra de la Suprema Corte, sino también al momento en que el asunto fue del conocimiento de este Tribunal Constitucional”, indica el proyecto.
Posteriormente, el Pleno también advirtió que el comportamiento procesal de Grupo Elektra evidenciaba una estrategia para extender artificialmente la resolución del juicio, razón por la cual impuso una multa de 70 Unidades de Medida de Actualización, equivalentes a 7 mil 919.8 pesos.
“La parte promovente intentó en repetidas ocasiones suspender el procedimiento con motivo de la presentación de nuevos recursos […] Este comportamiento evidencia una intención manifiesta de prolongar artificialmente el trámite del juicio”, apunta el proyecto.
Este mismo día, la Corte programó la revisión de otros litigios iniciados por Grupo Salinas, cuyo monto acumulado asciende a 48 mil 326 millones 817 mil 913.8 pesos, correspondientes a diversos créditos fiscales aún en disputa.
