Legisladoras exigen aprobación nacional de la ley Monzón, ley Ácida y ley Vicaria en el 8M

Las legisladoras también coincidieron en que es fundamental que los jueces actúen con perspectiva de género y que, desde la infancia, se eduque para prevenir la violencia de género.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, legisladoras de distintos partidos políticos hicieron un llamado a la aprobación a nivel nacional de leyes que buscan proteger a las mujeres de distintas formas de violencia.

Durante la mesa de análisis “Políticas Públicas en favor de las mujeres”, organizada por El Heraldo Media Group, las diputadas Xitlalic Ceja, Claudia Sánchez y Anayeli Muñoz coincidieron en la urgencia de impulsar la Ley Monzón, la Ley Ácida, la Ley Vicaria y la Ley 3 de 3 en todas las entidades del país.

Anayeli Muñoz, secretaria de la Comisión de Género y coordinadora nacional de Mujeres de Movimiento Ciudadano, subrayó que la prioridad legislativa debe ser la aprobación de iniciativas sin distinción de partidos políticos.

“Las mujeres, independientemente de colores o partidos, debemos sacar adelante las iniciativas pendientes”, afirmó.

Las legisladoras reconocieron que, a pesar de los avances en materia de igualdad de género, persisten grandes desafíos. En ese sentido, Muñoz destacó la necesidad de combatir todas las formas de violencia contra la mujer, garantizar la igualdad salarial y consolidar un Sistema Nacional de Cuidados.

“Tenemos que legislar, implementar políticas públicas, pero se necesita voluntad y recursos”, enfatizó.

Por su parte, Claudia Sánchez Juárez, diputada federal del Partido Verde Ecologista de México, advirtió sobre la magnitud del problema de la violencia doméstica en México.

“En siete de cada diez matrimonios hay violencia en el hogar”, sostuvo.

Xitlalic Ceja, secretaria de la Comisión de Igualdad de Género y presidenta nacional del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (Onmpri), destacó que su bancada ha promovido 22 iniciativas y exhortos en favor de los derechos de las mujeres. Asimismo, hizo un llamado a pasar de los discursos a la acción.

“Lo que hagamos hoy tendrá impacto en las siguientes generaciones. Se requiere justicia y soluciones para los casos que siguen impunes”, expresó.

Las legisladoras también coincidieron en que es fundamental que los jueces actúen con perspectiva de género y que, desde la infancia, se eduque para prevenir la violencia de género. Señalaron con preocupación que más de 11 millones de hogares en México dependen exclusivamente del ingreso de una mujer.

Claudia Sánchez recordó que, entre 2009 y 2019, murieron 88 mil niños y niñas a manos de sus padres o padrastros, lo que evidencia la gravedad de la violencia vicaria.

“Es urgente aprobar iniciativas que combatan estas y otras violencias de las que son víctimas las mujeres”, subrayó.

Por otro lado, en Michoacán, la diputada Grecia Jennifer Aguilar Mercado, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, respaldó las reformas que impiden que deudores alimentarios y agresores de mujeres con sentencia judicial puedan ocupar cargos de elección popular o desempeñarse como servidores públicos.

Durante la sesión del Pleno de la LXXVI Legislatura Local, Aguilar Mercado destacó que estas reformas representan un paso crucial en la lucha por la igualdad de género y la protección de los derechos de las mujeres.

La legisladora enfatizó la importancia de garantizar la equidad salarial y fortalecer la participación política de las mujeres.

“Cuando nos dijeron que el impulso de la equidad salarial sería la respuesta para que nuestro trabajo profesional fuera más justo y reconocido, lo hicimos, pero nuestras cargas laborales aumentaron y siguen siendo extenuantes”, señaló.

Asimismo, advirtió sobre la necesidad de seguir legislando para erradicar la violencia de género en todas sus formas.

“La violencia va mutando y evolucionando, por eso nuestro trabajo como representantes no debe quedar concluido hasta que no le vuelva a ocurrir a ninguna más”, afirmó.

Finalmente, hizo un llamado a la sororidad y a la acción colectiva para impulsar cambios estructurales.

“La sororidad no puede seguir siendo algo que se dé solo en ciertos casos o fuera del ámbito político. Debe ser un acompañamiento constante y comunitario para garantizar el apoyo legislativo en todo lo que beneficie a las mujeres”, concluyó.

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